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La Doctrina Parot o cómo no afrontar un problema

octubre 24, 2013

El problema judicial de la Doctrina Parot, reactivado para la opinión pública tras el reciente pronunciamiento del TEDH, es la consecuencia lógica de un ordenamiento jurídico que ha perdido desde hace tiempo la noción de lo que es un derecho. Una vez que se inicia el recorrido por la peligrosa pendiente de la inflación legislativa, las puertas del caos y la confusión en la aplicación y la interpretación de la Ley quedan abiertas.

Para permitir que funcione la convivencia en una sociedad se deben imponer las mínimas normas posibles. Hay algo que la gente parece no ver, pero cada vez que se aprueba una norma con carácter imperativo, se merma la libertad de los individuos. Me refiero, por ejemplo, a que si yo fuera propietario de un local comercial, estaría obligado por ley a no dejar fumar en mi establecimiento, a que mi tienda tenga unas determinadas dimensiones e, incluso, a pintar el techo de un determinado color, lo que va contra mi facultad de satisfacer los deseos de mis clientes de la mejor forma posible (ya que el más cualificado para decidir las dimensiones del local y la pintura idóneas y la posibilidad de que pueda fumarse en el establecimiento es el dueño del negocio, no el burócrata redactor de la ley, que posiblemente ni siquiera pase alguna vez por delante de la tienda).

Las personas que parecen estar a punto de salir de prisión como consecuencia del fallo del tribunal comunitario, sin embargo, son reos de asesinato. Y de terrorismo, en muchos de los casos, pero ese no es más que otro delito impropiamente creado como resultado de la invención y sobreponderación de bienes jurídicos tan típica en los códigos penales modernos. El derecho a la vida, que es contra el cual atenta el homicida y el asesino (y el terrorista cuando mata, que es lo que merece castigo), es un verdadero derecho. Incluso se puede ir más allá y decir que es un prius o una norma previa a cualquier otra, en la medida de que sólo garantizando el derecho a la vida podemos empezar a decidir qué otros derechos debe tener toda persona. Si la vida no se protege, no tiene sentido empezar a hablar de otras cosas; sería como establecer las reglas de un juego a la vez que se permite que alguien rompa el tablero, la pelota, o cualquier otro elemento esencial del mismo.

El derecho a la vida, a diferencia de todos aquéllos reconocidos inmerecidamente como tales (que pueden llevar a facultar a la Administración a absurdos como el de decidir por mí de qué color he de pintar mi techo), merece por ello ser protegido. Una sociedad debe reservar los castigos más duros para los más graves atentados contra la vida de una persona: es algo necesario para salvaguardar la convivencia.

En esto último, seguro que todos de acuerdo, pero… ¿y a qué viene la alusión a todos esos derechos “sui generis”?, ¿qué tiene que ver éso con el debate sobre lo ocurrido con la Doctrina Parot? Bueno, a estas alturas de mi comentario, creo que ha quedado claro que no estoy haciendo la típica aproximación al asunto. No pienso analizar la corrección del contenido de la sentencia, ni si aun aceptándola tenemos o no la obligación de aplicarla. Lo que busco es resaltar lo que nos ha llevado a esto, lo que nos ha llevado a tener que dirimir en una larga serie de procesos judiciales lo que tendría que quedar claro en la Ley. Porque esta situación escandalosa es, ante todo, un problema derivado de la saturación legislativa propia de las sociedades actuales (impuesta por Estados y sucedáneos similares) que indudablemente menoscaba la eficacia de la defensa de los verdaderos derechos, como en este caso, el de la vida.

Se me ocurren dos formas según las cuales la protección de los derechos necesarios, los únicos que debieran existir con carácter universal de forma imperativa, queda afectada negativamente como consecuencia de la fiesta legislativa de estas nuestras queridas democracias modernas:

– La desvalorización de los verdaderos derechos como consecuencia de la introducción de nuevos falsos derechos. Se hace fácil establecer un símil con la inflación monetaria: de la misma forma que la inflación reduce el valor del dinero de mi bolsillo al introducir nuevo papel en una economía, la creación impropia de derechos ha provocado, aparte de las distorsiones y pérdidas de libertad derivadas tanto del “derecho” como del deber correlativo que lleva anejo, la disminución de la importancia de los verdaderos derechos, que han debido ceder parte de su valor para acomodar en el ordenamiento a los bastardos recién llegados.

Todo esto se concreta en la modificación de la percepción social sobre el desvalor que merecen los atentados contra los derechos que nos interesa defender a todos, como el de la vida, y de forma correlativa en la manera en la que el legislador configura la severidad de los castigos y destina recursos para combatir y prevenir la vulneración de los derechos en un ordenamiento (se sustraen recursos que debieran ir destinados a mejorar la prevención e investigación de los delitos de sangre).

– La saturación judicial por culpa de procesos que nunca debieran haber existido, pues nunca debieron crearse los derechos que dieron pie al litigio. De forma recurrente se nos trata de convencer sobre la necesidad de reformar la justicia para hacerla más efectiva y casi siempre se pide solucionar el problema de la misma manera: inyectando más dinero. Pero si tenemos que esperar meses e incluso años para dirimir nuestras controversias en un tribunal no es por una insuficiente asignación de recursos, sino por una indebida creación de derechos, que inevitablemente lleva a un incremento exponencial de las fricciones entre los mismos, lo que aumentará, a su vez, las necesidades de acudir ante un juez.

Sólo en el ámbito del Derecho Penal, que es posiblemente el área del Derecho con menor sobreproducción legislativa, más de la mitad de los procedimientos tienen relación directa o indirecta con la prohibición de las drogas, un extenso catálago de artículos que consagran la aberrante nueva categoría jurídica de delitos sin víctima (independientemente de que luego la Doctrina trate o no de inventarla de alguna manera). La simple derogación de ese absurdo entramado normativo reduciría en un 60%, en principio, la necesidad de financiación de la justicia penal (afectando de igual manera a la más elevada partida presupuestaria de seguridad, pudiendo la policía concentrarse en perseguir a verdaderos delincuentes, como los asesinos de Marta de Castillo o los de las más de 300 víctimas de ETA que siguen sin tener un culpable hoy en día) y descongestionaría enormemente los cuellos de botella en la celebración de juicios.

Hemos colocado tantos adornos a la Ley que ya nos cuesta reconocer lo que hay debajo. El articulado es tan extenso, complejo, cambiante y en continuo aumento que la interpretación de la Ley es cada vez más difícil y su aplicación más arbitraria. Hemos creado tantos falsos derechos que, como falsos dioses, nos han hecho descuidar el respeto por los únicos verdaderos. No sé con total certeza si son 20 años, 25, 30 o toda la existencia la que deben pasar entre rejas aquéllos que arrebatan lo más preciado, que es la vida de alguien, pero de lo que sí estoy convencido es de que todos los falsos árboles de los derechos/deberes no nos dejan ver el bosque de los verdaderos derechos. Hemos perdido la capacidad de decidir cuál es la pena más adecuada para los verdaderos delitos, confundidos como estamos por una maraña de delitos falsos.

Ahora parece haber un rechazo social ante la posible salida de varios asesinos múltiples, pero lo que a mí me llama la atención es que algo tan grave como la privación de la libertad de una persona, se esté decidiendo conforme a una doctrina jurisprudencial, cuando la doctrina es una interpretación de la Ley, la cual sólo ha de ser interpretada cuando no es clara. Es esta Ley difusa, esta Ley fragmentada, esta Ley,en definitiva, convertida en un engendro la que nos ha llevado a esto. ¡Hasta qué punto se ha corrompido por los falsos derechos, que algo tan básico como la ejecución del castigo de un asesino está sometido a interpretación! ¡¿No debería precisamente ser eso lo que con más claridad esté especificado en la Ley?!

Es esta desvalorización del derecho a la vida, como derecho necesario no ya simplemente para la convivencia, sino para la supervivencia de una sociedad, lo que ha provocado que en la Ley, el castigo por matar a alguien se abordara con medias tintas. No conformes con el resultado, se trató de subsanar el error sobre la marcha mediante la Jurisprudencia, en perjuicio de las garantías que la Ley ofrece en estos casos. Y para rematar la jugada, parece que encima se hizo en contra de la sacrosanta irretroactividad en la interpretación desfavorable hacia el reo de las leyes penales, que según lo que he podido entender ha sido por donde el TEDH ha tumbado la doctrina.

En definitiva, creo que tenemos lo que nos merecemos. Hemos permitido y, en la mayoría de los casos, aplaudido la aparición de leyes que nos garantizaban toneladas de nuevos y fantásticos derechos, pero no reparamos en que a diferencia de los genuinos, que simplemente hay que respetarlos, aquéllos se basan en el establecimiento de cargas y obligaciones de unas personas sobre otras. No son, a la postre, más que mandatos coactivos que, al proliferar, no hacen sino acorralar nuestra libertad de elegir cómo llevar las relaciones entre los miembros de una sociedad. Aquí está lo triste de todo este asunto: hemos cedido nuestra libertad y a cambio hemos olvidado cómo castigar a un asesino ¡Un negocio redondo!

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