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Breve reflexión sobre el método científico de la ciencia económica

En esta ocasión me animo a postear una entrada algo más informal. Se ha iniciado una discusión en la red con motivo de la publicación de un libro que, según reza su subtítulo, nace con la intención de criticar las supuestas “falacias económicas imperantes” (desconozco si el autor pretende desmontarlas todas o si su propósito es más humilde). De entre todos los reproches que este señor hace, el que ha motivado el inicio de la discusión es la diatriba que lanza contra la Escuela Austríaca de Economía en bloque [1]. El economista que protagoniza la réplica se llama Juan Ramón Rallo (no será la última vez que hable de él, tenedlo por seguro) y el autor del libro es otro economista y profesor de la Universidad Carlos III, José Luis Ferreira, que parece decidido a extender su contraréplica a lo largo de varias nuevas entradas en su blog. A la espera de la respuesta que le dé Juan Ramón —que parece querer esperar a que Ferreira termine su serie de posts para responder a todo de una vez— yo me he animado a introducir una observación en los comentarios de la página de este último, que considero lo suficientemente interesante como para pasarlo a mi blog (aquí omito los párrafos introductorios y finales, que sólo encuentran su sentido pleno en el contexto de la página en la que inserto mi crítica):

Sólo haré un comentario sobre sus inquietudes respecto al método austríaco. Los austríacos buscamos resaltar los problemas que conlleva la utilización, en el ámbito de las ciencias sociales, del método científico propio de las ciencias naturales y físicas. Cuando se matematizan en exceso los planteamientos económicos se corre el riesgo de llegar a conclusiones aparentemente válidas, pero condenadas al fracaso más estrepitoso; el caso de la planificación centralizada en el comunismo es paradigmático: sobre el papel salían las cuentas, pero después se daban de bruces con la realidad (por los motivos que usted mismo reconoce que los austríacos descubrieron, imposibilidad de gestión de forma centralizada de información esencialmente desagregada). El problema de la minusvaloración de la importancia que merece el lenguaje natural en economía es que se habilita a las matemáticas a llevarnos a los absurdos más insospechados, que encajan perfectamente en el modelo formalizado pero que no tienen ningún sentido una vez que se intenta dar un encaje del mismo con la realidad. Los austríacos defendemos el uso del lenguaje natural (junto a otras consideraciones) como principal herramienta de elaboración de toda ciencia social (Derecho, Economía, Política, Ética, Psicología,…), por estimar que el lenguaje formalizado propio de las matemáticas es apto para referirse a realidades esencialmente inmutables o que responden a leyes fijas (ciencias naturales y físicas), pero no para la construcción de cualquier ciencia que se refiera al estudio de algún aspecto de la acción humana (ciencia social), que es esencialmente dinámica (no atrapable en los modelos estáticos de las matemáticas formales).

Ahora bien, eso no quiere decir que las matemáticas no tengan alguna utilidad en la economía. Los precios son expresiones que, manifestadas de forma numérica, facilitan enormemente el cálculo económico. Eso no lo niega ningún austríaco. Es evidente que las matemáticas tienen algo que decir en ese aspecto, pero eso no justifica todos los excesos que desde la “ciencia económica” se han cometido a la hora de desarrollar el método científico de la economía.

Por último, es cierto que es posible, como dices, expresar (aunque perdiendo algún matiz, supongo, por la ya mencionada limitación de las matemáticas) los postulados de la escuela austríaca con las gráficas y fórmulas que tanto os gustan a los no austríacos, y que yo sepa (y tú pareces mencionar) hay algunos que están en ello. Sin embargo, eso no supone reconocer que el método austríaco es anticientífico y que claudicamos ante la superioridad del mainstream, sino simplemente que nos esforzamos por tratar de convencer a gente que, como usted, se acerca a los aportes de la escuela austríaca cargada de prejuicios.

[1]  En otra ocasión, me gustaría hacer alguna referencia más en extenso a las aportaciones que esta escuela ha hecho en el ámbito del pensamiento económico (y otras áreas), pues considero que su conocimiento es fundamental para entender lo más mínimo fenómenos sociales, económicos, políticos, etc. tan complejos como intrigantes, como pueda ser la crisis que padecemos desde 2007 .

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Sobre el espionaje de la NSA

Resumen

En esta segunda entrada trato de nuevo de realizar un análisis más de fondo sobre un suceso de rabiosa actualidad. Independientemente de la veracidad de las informaciones que se publican con relación al espionaje masivo llevado a cabo por EEUU, ¿es admisible que debamos asumir una intromisión en nuestras vidas de tal calibre, sin que tengamos ni siquiera la posibilidad de percatarnos de ello? Trataré de sacar a la luz los principios que se encuentran en conflicto en este caso (libertad y seguridad), criticaré la solución oficial que tiende a aceptarse como verdadera (libertad subordinada a seguridad) y buscaré poner en evidencia los peligros de optar por esa vía. Finalmente, dado que no quiero hacer una simple crítica destructiva, profundizaré en la manera en que se puede construir una solución al problema sin menoscabar innecesariamente nuestra libertad, que reivindico como algo que debería valorarse más; y es este último empeño el que me llevará a introducir el único sistema capaz de articular la libertad como principio esencial, tras cuya consagración cualquier otro puede llegar a disfrutarse de forma equilibrada y sostenible. Espero que ese sistema, oído frecuentemente por muchos pero comprendido desgraciadamente por pocos, empiece a ser visto de otra manera ahora que me aproximo a él desde un punto de vista que supongo conseguirá llamar la atención a más de uno.

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250px-Edward_SnowdenLas polémicas filtraciones del ex analista de la NSA Edward Snowden, que parecían llegar a los medios dosificadas con cuentagotas, comenzaron a irrumpir estrepitosamente en el momento que saltó la noticia del espionaje sufrido por la canciller alemana Angela Merkel. Como si de una presa con agua podrida se tratara, la información sólo aparecía por los aliviaderos periódicamente y en pequeñas cantidades, pero la crónica del espionaje al más alto nivel venció toda resistencia: reventó la barrera y acercó el agua sucia hasta la mismísima puerta de nuestra casa.

Y es que parece que no se salva nadie. Tras lo de Merkel rápidamente se supo que pudieron compartir su suerte hasta 35 líderes mundiales. Y cuando todos nos estábamos preguntando si Rajoy y su predecesor en la Moncloa fueron también espiados, nos encontramos con la noticia de que EEUU tuvo acceso sólo en un mes a los metadatos de 60 millones de llamadas en España, entre finales de 2012 y principios de 2013.

Este espionaje a gran escala, supuestamente perpetrado contra cualquiera de nosotros, es el más preocupante. Espías siempre han existido, por lo que la mera constatación de un acto de espionaje no debería llevar a nadie a rasgarse las vestiduras. Que EEUU espíe a los líderes de países supuestamente aliados suyos es comprensible que sirva para provocar una crisis diplomática, pero la opinión pública debería temer más noticias como la de los 60 millones de llamadas intervenidas. A los ciudadanos debe permitírsenos sentir un sano desprecio por las “inconveniencias” que la casta política pueda llegar a sufrir con motivo del desempeño de sus funciones, entre las que podemos considerar incluida la posibilidad de sufrir un acto de espionaje. Lo que no debemos dejar pasar por alto es la sospecha de que información referida a nuestra intimidad y privacidad pueda verse expuesta y compilada en la base de datos de un gobierno sin que medie consentimiento alguno.

Se supone que lo que motiva todo esto, en principio, es la seguridad de las naciones civilizadas frente a la barbarie del terrorismo islamista. La libertad, que es el principio sobre el que descansa la privacidad y la intimidad, debe ceder, se nos dice, para que no nos falte la tan necesaria seguridad.

Y es que son muchas las personas que, aun teniendo cierto aprecio por su libertad, a la hora de dirimir en su fuero interno el clásico dilema ético de la conciliación de aquélla con su seguridad, inclinan ciegamente la balanza hacia la segunda opción. Ésta, la seguridad, suele apelar al bajo sentimiento del miedo para nublar el juicio de quienes tratan de poner en orden su ética personal, y busca siempre destacar la urgencia de su satisfacción como manera de aplazar todo debate serio, profundo y minucioso sobre la importancia relativa de los distintos principios y criterios. Sin embargo, la historia nos ha enseñado que elegir la búsqueda de la seguridad en detrimento de la libertad es una opción que en la mayoría de los casos, sobre todo conforme las sociedades crecen en tamaño y complejidad, suele desembocar en una pérdida de tanto la una como la otra.

Una vez que el principio de seguridad degenera en un mero sentimiento y se apalanca como un parásito a modo de anteojera ética en la mente de esas personas, comienzan a argumentar de una forma que a mí me recuerda al síndrome de Estocolmo. Ya no defienden sus propios intereses, si no los de sus —o de terceros— gobiernos, creyendo defender en realidad los suyos, persuadidos por el argumento oficial como Patricia Hearst lo estaba respecto de la bondad de los fines de sus secuestradores.

Cuando el convencimiento de la necesidad de reforzar la seguridad se da la mano con una elevada percepción de la integridad personal, nos encontramos con individuos que ya no es que den por buena la renuncia a su libertad, sino que directamente no ven por ningún lado que se produzca tal renuncia. Son aquéllos que declaran “no tener nada que esconder” y, en consecuencia, no comprenden “por qué se arma tanto revuelo” por una cuestión tan anodina como es que el gobierno espíe. Dada la gran sobrevaloración que hacen de la necesidad de seguridad, parece darles lo mismo ocho que ochenta; es igualmente admisible el que se espíe a personas sospechosas a través de averiguaciones previas, que el que se recaben metadatos de 60 millones de comunicaciones en un mes. Y es que dada la poca información que tenemos sobre lo que ha ocurrido exactamente, se desconoce si se aplicó algún criterio a la hora de seleccionar las llamadas que se intervinieron o si se eligieron de forma aleatoria, pero como no parece razonable que en nuestro país residan un número lo suficientemente elevado de legítimos sospechosos que justifique tal volumen, podemos concluir sin miedo a equivocarnos que es una medida desproporcionada.

Aquellas personas que consideren la renuncia a su privacidad como un coste mínimo frente a las grandes ventajas que Kabel bredbånd nettverk RJ45 1005111323pueden obtenerse en materia de seguridad, deberían asumir una postura coherente con su pensamiento y a la vez respetuosa con la libertad de los demás. Bastaría con que facilitaran al gobierno de los EEUU (y a cualquier otro que consideren digno garante de su seguridad) los nombres de usuario y claves de todos los servicios que contratan en la red, así como sus cuentas bancarias (dando libre acceso a las mismas) número de teléfono fijo y móvil (y autorización para ser pinchados), su dirección (con una copia de las llaves); así como los datos recogidos en el historial médico (físico y psicológico) currículo y vida laboral; e información sobre el estado civil (también en caso de parejas de hecho, así como la identidad de novias formales e informales, queridas, amigas con derecho a roce, partenaires en general y cualquier otro proyecto concebible en el ámbito amatorio), las creencias religiosas y la ideología política. Por supuesto, esto no es una lista cerrada, y el concienciado y comprometido ciudadano habrá de poner a disposición de la autoridad competente cualquier otra información que considere relevante para dar satisfacción al exigente principio de seguridad. Eso sí, lo que bajo ningún concepto puede pedir es que las demás personas asumamos ese distorsionado esquema de preferencias éticas según el cual todo queda justificado para poder vivir tranquilos. Si la privacidad no te parece importante, entrega al gobierno la tuya sin traba alguna, pero no me obligues a hacer lo mismo.

Es esperable que la reacción típica de los implicados con la seguridad pase por decir que “si no colaboramos —eufemismo, se entiende— todos, entonces la medida no sirve de nada, porque si yo, que no tengo nada que ocultar, asumo el coste de ceder mi privacidad, es precisamente para que el gobierno conozca la de aquéllos que sí tienen algo que esconder, que son precisamente los que no colaborarían”. Llegados a este punto, creo que merece la pena resaltar otro de los problemas que se esconde tras esa apuesta radical por la seguridad. Como ya he tratado de explicar, la seguridad es un principio exigente y egoísta, algo así como una novia —o novio, no me tiréis el argumento por este detalle— extremadamente celosa. Una vez que accedes a salir con ella, reclama toda tu atención y no quiere que intentes saber nada de otros. Eso lleva a perder toda noción de mesura y capacidad crítica, e inhibe la natural habilidad creativa capaz de aportar soluciones nuevas y más equilibradas a un debate. La decisión de espiar de forma indiscriminada se acepta con un estoicismo acrítico que se limita a dar por buena la versión oficial de que sólo así queda garantizada la seguridad. Uno de los debates más complejos que existen (si no el que más) en teoría política queda reducido a la simple dicotomía de: si podemos espiaros, estáis seguros, si no, tendréis un nuevo 11-S. O blanco o negro, no hay término medio ni maneras menos gravosas y más eficientes de maximizar la seguridad en términos de coste en libertad.

Lo cierto es que el espionaje masivo indiscriminado es una mala idea desde el momento que afecta a un grupo hasta ahora no mencionado y que acaba siendo al que pertenecemos la mayoría de los ciudadanos: aquéllos que ocultamos alguna cosa del resto no porque supongamos un riesgo para la seguridad de nadie, sino porque simplemente creemos que es algo que pertenece a nuestra intimidad y que no debe conocerse por otros salvo que nosotros queramos. No es que TENGAMOS algo que ocultar, simplemente es que QUEREMOS ocultar algo. Lo más divertido de todo esto es que incluso entre los que dicen que no tienen nada que ocultar habrá cosas, sabiéndolo ellos o no, que no querrían que fueran conocidas.

Confío en que todo esto haga repensar su postura a más de uno, pero en un esfuerzo por empatizar con quien vea tambalear ahora las certezas asumidas en materia de seguridad, trataré de ir un paso más allá y no dejarle en medio de un brutal desasosiego. Porque en definitiva, la amenaza terrorista sigue estando ahí. Y es verdad ¿Cuáles son las alternativas con las que contamos para hacer frente a ese problema? ¿Cómo podemos defendernos sin perder nuestra libertad? Yo no espero tener la solución definitiva, que no existe. Lo único que puedo hacer es proponer, a modo de ejemplo, una alternativa menos gravosa que la actual en términos de libertad, lo que me permitirá demostrar frente a los que presentan este espionaje como inevitable que la solución no es única y entre todos podemos conseguir equilibrios más eficientes si nos ponemos a ello, algo imposible si cedemos al pánico y dejamos que la seguridad nos afecte más como una baja pasión que como un principio.

La medida que a modo de ejemplo se me ocurre, que habría que combinar con una limitación del espionaje a la práctica tradicional, según la cual es necesaria una sospecha previa, pasa por hacer todavía más estrictos los tan denostados controles aeroportuarios. Esta opción, altamente impopular, presenta una ventaja clara frente al espionaje indiscriminado: deja margen a la voluntariedad, a la elección. Es verdad que tu privacidad queda expuesta hasta niveles incluso humillantes (pues dado el estándar actual de controles en EEUU, apostar por incrementarlos supone acceder a, por ejemplo, a sistematizar los registros individualizados en salas cerradas y la utilización de escáneres que monitoricen cualquier cosa que puedas portar pegado o dentro del cuerpo), pero por lo menos se te ofrece el estrecho margen de elección de: si no quieres pasar el control, no vengas a EEUU; el avance es pequeño, pero frente a la invasión en mi intimidad sin ni siquiera yo saberlo, aquí se me ofrece la oportunidad de evitar esa intromisión (no viajando a EEUU) e incluso la posibilidad de modularla (sólo podrán obtener información a partir de las cosas que meta en el país y a partir de mi documentación).

La medida dista mucho de ser perfecta, pero yo no he intentado negar en ningún momento la complejidad del dilema ético libertad-seguridad, sino denunciar la excesiva simplificación que supone defender el espionaje indiscriminado a gran escala. Se podrá argumentar que con esos controles y el espionaje limitado, la información recabada sería insuficiente, que lo que hace falta es saber lo que piensan los terroristas —cosa que es más fácil de averiguar a través de la intervención de las comunicaciones— y que, en cualquier caso, por mucho control que haya siempre habrá alguna manera de introducir terroristas y material destinado a sus perversos fines en el país. Pero eso no supone más que velar de nuevo por la absorbente seguridad, que si por ella sola fuera, bien estaría justificado el estado policial permanente, la más liberticida y férrea de las dictaduras, donde ya sí parece que todos vemos claro cómo la seguridad personal —que es la que, en definitiva, importa— vuelve a ser un problema, no ya a causa de los terroristas u otros delincuentes, sino por la violación sistemática que de ella hace el propio gobierno.

ciencia-de-cuba_ciencia-cubana_foro-de-comunicacic3b3n-de-la-cienciaY si bien yo soy incapaz de dar una solución óptima al problema, antes he hecho referencia a que entre todos sí que podemos hacerlo, pero ¿cuántas y qué personas debieran elaborar una opinión al respecto? El mayor número posible, por no decir que todo el mundo ¿Y qué foro existe que sea tan maravilloso como para que los miles de millones de personas que vivimos en este planeta podamos contribuir de alguna forma a este debate? Pues hay uno, el más viejo del mundo diría incluso, que se llama el MERCADO. Sí, esa institución que se ve frecuentemente convertida en cabeza de turco a través de una fantasmagórica personalización que permite canalizar hacia ella toda la incomprensión sobre los males que nos afectan —sobre todo estos últimos años—, no es en realidad más que simplemente eso, un foro. Un foro que no necesita de un lugar físico concreto para existir, un foro que queda constituido en el preciso instante en que se acuerda una transacción de cualquier tipo, desde la fusión empresarial que más portadas acapara en los periódicos hasta el acuerdo social más reducido, como el que alcanzas con tus amigos para compartir un fin de semana.

La solución pasa, sin duda, por abrir alguna puerta al sector privado en materia de seguridad y defensa. Esas dos funciones, que junto con la justicia constituyen la sacrosanta trinidad del Estado clásico liberal, no vienen referidas más que a necesidades muy importantes para el ser humano que, como el alimento y el vestido, no veo porque no pueden llegar a ser cubiertas desde el ámbito empresarial.

Que conste que no lanzo en estas líneas la propuesta radical de acabar de la noche a la mañana con los Estados y de ponernos a partir de ahí manos a la obra para buscar la manera de proporcionarnos una seguridad frente a las amenazas de los terroristas y otros especímenes antisociales; tan sólo defiendo la conveniencia de abrir la mano en unas materias, seguridad y defensa, que por constituir desde el siglo XIX la esencia íntima de la identidad del Estado, parecen las únicas competencias que bajo ningún concepto pueden llegarse a tocar.

Al final el Estado (o los gobiernos al frente de ellos, más bien) siempre se encuentran con el mismo problema a la hora de decidir un curso de acción. Dado que sus decisiones no se someten a la disciplina del mercado, y fuera del mercado no hay precios, nunca pueden valorar acertadamente los costes en los que incurren al decidir hacer una u otra cosa. En materia de seguridad y defensa no se producen excepciones; ellos se lanzan a cubrir esas necesidades de la gente, pero dado que no preguntan al mercado cuánto estaría dispuesto a pagar por esos servicios, no pueden más que hacer una estimación propia, estimación que por definición ha de errar en la medida que, de forma centralizada, una sola persona (tampoco un comité de cientos de individuos) no puede disponer de toda la información que reside desagregada en la mente de los destinatarios de ese servicio, que somos todos los ciudadanos. Sólo aprovechando el hecho de que muchos de los medios (también conocidos como recursos económicos) que el gobierno emplea para dar satisfacción a nuestra seguridad compiten por ser obtenidos también para procesos empresariales en el ámbito privado, puede el gobierno contar con un sistema de precios de referencia en el que apoyar sus estimaciones, haciéndolas menos erradas. En resumidas cuentas, por lo que abogo es por extender esa penetración del mercado no sólo en materia de costes, si no también en el ámbito de la fijación de los precios de venta, permitiendo el surgimiento de un mercado de seguridad que, aun en un nivel muy reducido, pueda servir de base para que el Estado pueda obtener una estructura de precios que mimetizar y poder así mejorar sus estimaciones.

Tocar las funciones básicas de seguridad, defensa y justicia es algo a lo que deberíamos perder el miedo. Bien es verdad que en una sociedad como la actual, en la que el Sector Público supone más del 50% del PIB y extiende sus tentáculos regulatorios con saña sobre el otro 50% —sin que la gente parezca preocuparse por ello—, hablar de liberalizar si quiera un mínimo algo que es considerado un pilar básico de la institución suena a no menos que a anatema. Sin embargo, para conseguir centrar un poco el alcance de mi propuesta me gustaría presentar algunos ejemplos de avances que se han hecho en materia de seguridad y, especialmente, de justicia, a la hora de dar mayor participación al mercado (que es lo mismo que decir a la sociedad, a todos nosotros). Respecto a la seguridad, aunque he dicho que está completamente en manos del Estado, lo cierto es que hay un pequeño resquicio en el que opera el mercado, pues la seguridad privada existe. Tú puedes contratar a una empresa para defender tu hogar de ladrones comunes y a unos puertas para controlar la entrada a tu local. Incluso ya a un mayor nivel, puedes tener una seguridad personal permanente en tu domicilio y escoltas móviles que te aporten la seguridad premium que consideres necesaria si crees que puedes ser un objetivo preferente para indeseables por cualquier motivo. Es una débil penetración del mercado, pues se refiere generalmente sólo a una protección frente a delincuentes comunes, y los servicios contratables suelen ser bastante limitados, pero es una muestra alentadora de que la seguridad privada no es un disparate. En el ámbito de la justicia, sin embargo, los avances son mucho mayores, como demuestra el hecho de que en materia de comercio internacional las cortes privadas de arbitraje han desplazado en muchas ocasiones a los tribunales nacionales, por ser aquéllas preferidas por su mayor rapidez, su flexibilidad en cuanto al Derecho aplicable y el secreto de sus procedimientos y sentencias.Seguridad_Privada

La situación que propongo alcanzar no responde, de todas maneras, al ideal más elevado concebible. En última instancia no propongo más que un Estado que extienda un poquito la posibilidad de que alcancemos mayores cotas de libertad en un ámbito, para que acto seguido pueda seguir interviniendo con más comodidad, parasitando una estructura de precios. Mi ideal va más allá, pero consciente como soy de que actualmente es imposible que se realice en un horizonte temporal razonable, lo utilizo como criterio interpretativo de cualquier situación nueva que se produzca (si la nueva situación se acerca al ideal, el cambio es bueno y viceversa). De esa manera, puedo asegurar que el espionaje limitado y la anulación voluntaria de la privacidad son alternativas preferibles al espionaje indiscriminado, de la misma forma que enviar a un cuerpo de élite a matar a bin Laden fue una opción mucho más ajustada, por lo que tuvo de limitada en su alcance en vidas humanas y su poca prolongación en el tiempo, que la iniciación de guerras con centenares de miles de víctimas en Afganistán e Irak.

Las alternativas en cuestiones complejas suelen ser varias, aunque parezcan estar escondidas; en ocasiones, como la que nos ocupa, hay que serenarse para ver las cosas con claridad. La complejidad de los debates que en última instancia son éticos reside en la difícil objetivación de unas creencias que cada uno vive internamente, de forma subjetiva. Pero no olvidemos que, al fin y al cabo, las preferencias sobre las distintas ideas hemos de ordenarlas de alguna manera, igual que cualquier otra preferencia. También hemos de decidir en ocasiones entre una caña y dos bolsas de patatas. En definitiva, no por tratarse de cuestiones más pedestres podemos decir que sea fácil intersubjetivizar (objetivar) una decisión que reside fundamentalmente en el fuero interno. Precisamente podemos expresar y organizar de manera óptima esas preferencias en la medida que existe un mercado donde podemos optar entre la caña y las bolsas de patatas, lo que me permite asegurar que las dificultades que tenemos a la hora de ponernos de acuerdo con el estándar adecuado de seguridad vienen motivadas más por la ausencia y total incomprensión de la figura del mercado que por la complejidad que puedan tener aneja las más elevadas cuestiones éticas y morales.

Al final resulta que el equilibrio entre seguridad y libertad no es ya que no deba colocarse lo más cerca posible de la primera, si no que pasa por apostar fuertemente por la últimaNingún sistema de organización de los recursos, que son fundamentalmente escasos, que haya intentado servir a la consecución de un fin ético distinto de la libertad ha conseguido ser ni eficaz ni sostenible en el tiempo, y los pobres resultados obtenidos en su camino hacia el colapso definitivo han sido siempre inferiores a los de las economías capitalistas. Reconozcamos qué es lo que ha sido el principal motor de la relativa prosperidad que —y a pesar de esta crisis— ha permitido que podamos disfrutar de un mejor nivel de vida aquí del que tienen en otras partes del mundo, y tratemos de extender esos mecanismos para resolver los problemas que, curiosamente, proliferan precisamente en los ámbitos en donde no hemos dejado que se extienda la libertad, y su correlativo económico, el capitalismo.

Para terminar, me gustaría daros la oportunidad de admirar cómo ya hace más de 200 años, un polifacético personaje, fundador, junto con otras ilustres figuras, del mismo país que ahora ha indignado al mundo por sus decisiones en materia de seguridad, pudo reunir la lucidez suficiente como para vislumbrar la clave del dilema ético que ha presidido todo el debate llevado a cabo en esta entrada: “Aquellos que pueden dejar la libertad esencial por obtener un poco de seguridad temporal, no merecen, ni libertad, ni seguridad”. B. Franklin. ¡Que la sentencia sea recordada, por el bien de todos nosotros!

La Doctrina Parot o cómo no afrontar un problema

El problema judicial de la Doctrina Parot, reactivado para la opinión pública tras el reciente pronunciamiento del TEDH, es la consecuencia lógica de un ordenamiento jurídico que ha perdido desde hace tiempo la noción de lo que es un derecho. Una vez que se inicia el recorrido por la peligrosa pendiente de la inflación legislativa, las puertas del caos y la confusión en la aplicación y la interpretación de la Ley quedan abiertas.

Para permitir que funcione la convivencia en una sociedad se deben imponer las mínimas normas posibles. Hay algo que la gente parece no ver, pero cada vez que se aprueba una norma con carácter imperativo, se merma la libertad de los individuos. Me refiero, por ejemplo, a que si yo fuera propietario de un local comercial, estaría obligado por ley a no dejar fumar en mi establecimiento, a que mi tienda tenga unas determinadas dimensiones e, incluso, a pintar el techo de un determinado color, lo que va contra mi facultad de satisfacer los deseos de mis clientes de la mejor forma posible (ya que el más cualificado para decidir las dimensiones del local y la pintura idóneas y la posibilidad de que pueda fumarse en el establecimiento es el dueño del negocio, no el burócrata redactor de la ley, que posiblemente ni siquiera pase alguna vez por delante de la tienda).

Las personas que parecen estar a punto de salir de prisión como consecuencia del fallo del tribunal comunitario, sin embargo, son reos de asesinato. Y de terrorismo, en muchos de los casos, pero ese no es más que otro delito impropiamente creado como resultado de la invención y sobreponderación de bienes jurídicos tan típica en los códigos penales modernos. El derecho a la vida, que es contra el cual atenta el homicida y el asesino (y el terrorista cuando mata, que es lo que merece castigo), es un verdadero derecho. Incluso se puede ir más allá y decir que es un prius o una norma previa a cualquier otra, en la medida de que sólo garantizando el derecho a la vida podemos empezar a decidir qué otros derechos debe tener toda persona. Si la vida no se protege, no tiene sentido empezar a hablar de otras cosas; sería como establecer las reglas de un juego a la vez que se permite que alguien rompa el tablero, la pelota, o cualquier otro elemento esencial del mismo.

El derecho a la vida, a diferencia de todos aquéllos reconocidos inmerecidamente como tales (que pueden llevar a facultar a la Administración a absurdos como el de decidir por mí de qué color he de pintar mi techo), merece por ello ser protegido. Una sociedad debe reservar los castigos más duros para los más graves atentados contra la vida de una persona: es algo necesario para salvaguardar la convivencia.

En esto último, seguro que todos de acuerdo, pero… ¿y a qué viene la alusión a todos esos derechos “sui generis”?, ¿qué tiene que ver éso con el debate sobre lo ocurrido con la Doctrina Parot? Bueno, a estas alturas de mi comentario, creo que ha quedado claro que no estoy haciendo la típica aproximación al asunto. No pienso analizar la corrección del contenido de la sentencia, ni si aun aceptándola tenemos o no la obligación de aplicarla. Lo que busco es resaltar lo que nos ha llevado a esto, lo que nos ha llevado a tener que dirimir en una larga serie de procesos judiciales lo que tendría que quedar claro en la Ley. Porque esta situación escandalosa es, ante todo, un problema derivado de la saturación legislativa propia de las sociedades actuales (impuesta por Estados y sucedáneos similares) que indudablemente menoscaba la eficacia de la defensa de los verdaderos derechos, como en este caso, el de la vida.

Se me ocurren dos formas según las cuales la protección de los derechos necesarios, los únicos que debieran existir con carácter universal de forma imperativa, queda afectada negativamente como consecuencia de la fiesta legislativa de estas nuestras queridas democracias modernas:

– La desvalorización de los verdaderos derechos como consecuencia de la introducción de nuevos falsos derechos. Se hace fácil establecer un símil con la inflación monetaria: de la misma forma que la inflación reduce el valor del dinero de mi bolsillo al introducir nuevo papel en una economía, la creación impropia de derechos ha provocado, aparte de las distorsiones y pérdidas de libertad derivadas tanto del “derecho” como del deber correlativo que lleva anejo, la disminución de la importancia de los verdaderos derechos, que han debido ceder parte de su valor para acomodar en el ordenamiento a los bastardos recién llegados.

Todo esto se concreta en la modificación de la percepción social sobre el desvalor que merecen los atentados contra los derechos que nos interesa defender a todos, como el de la vida, y de forma correlativa en la manera en la que el legislador configura la severidad de los castigos y destina recursos para combatir y prevenir la vulneración de los derechos en un ordenamiento (se sustraen recursos que debieran ir destinados a mejorar la prevención e investigación de los delitos de sangre).

– La saturación judicial por culpa de procesos que nunca debieran haber existido, pues nunca debieron crearse los derechos que dieron pie al litigio. De forma recurrente se nos trata de convencer sobre la necesidad de reformar la justicia para hacerla más efectiva y casi siempre se pide solucionar el problema de la misma manera: inyectando más dinero. Pero si tenemos que esperar meses e incluso años para dirimir nuestras controversias en un tribunal no es por una insuficiente asignación de recursos, sino por una indebida creación de derechos, que inevitablemente lleva a un incremento exponencial de las fricciones entre los mismos, lo que aumentará, a su vez, las necesidades de acudir ante un juez.

Sólo en el ámbito del Derecho Penal, que es posiblemente el área del Derecho con menor sobreproducción legislativa, más de la mitad de los procedimientos tienen relación directa o indirecta con la prohibición de las drogas, un extenso catálago de artículos que consagran la aberrante nueva categoría jurídica de delitos sin víctima (independientemente de que luego la Doctrina trate o no de inventarla de alguna manera). La simple derogación de ese absurdo entramado normativo reduciría en un 60%, en principio, la necesidad de financiación de la justicia penal (afectando de igual manera a la más elevada partida presupuestaria de seguridad, pudiendo la policía concentrarse en perseguir a verdaderos delincuentes, como los asesinos de Marta de Castillo o los de las más de 300 víctimas de ETA que siguen sin tener un culpable hoy en día) y descongestionaría enormemente los cuellos de botella en la celebración de juicios.

Hemos colocado tantos adornos a la Ley que ya nos cuesta reconocer lo que hay debajo. El articulado es tan extenso, complejo, cambiante y en continuo aumento que la interpretación de la Ley es cada vez más difícil y su aplicación más arbitraria. Hemos creado tantos falsos derechos que, como falsos dioses, nos han hecho descuidar el respeto por los únicos verdaderos. No sé con total certeza si son 20 años, 25, 30 o toda la existencia la que deben pasar entre rejas aquéllos que arrebatan lo más preciado, que es la vida de alguien, pero de lo que sí estoy convencido es de que todos los falsos árboles de los derechos/deberes no nos dejan ver el bosque de los verdaderos derechos. Hemos perdido la capacidad de decidir cuál es la pena más adecuada para los verdaderos delitos, confundidos como estamos por una maraña de delitos falsos.

Ahora parece haber un rechazo social ante la posible salida de varios asesinos múltiples, pero lo que a mí me llama la atención es que algo tan grave como la privación de la libertad de una persona, se esté decidiendo conforme a una doctrina jurisprudencial, cuando la doctrina es una interpretación de la Ley, la cual sólo ha de ser interpretada cuando no es clara. Es esta Ley difusa, esta Ley fragmentada, esta Ley,en definitiva, convertida en un engendro la que nos ha llevado a esto. ¡Hasta qué punto se ha corrompido por los falsos derechos, que algo tan básico como la ejecución del castigo de un asesino está sometido a interpretación! ¡¿No debería precisamente ser eso lo que con más claridad esté especificado en la Ley?!

Es esta desvalorización del derecho a la vida, como derecho necesario no ya simplemente para la convivencia, sino para la supervivencia de una sociedad, lo que ha provocado que en la Ley, el castigo por matar a alguien se abordara con medias tintas. No conformes con el resultado, se trató de subsanar el error sobre la marcha mediante la Jurisprudencia, en perjuicio de las garantías que la Ley ofrece en estos casos. Y para rematar la jugada, parece que encima se hizo en contra de la sacrosanta irretroactividad en la interpretación desfavorable hacia el reo de las leyes penales, que según lo que he podido entender ha sido por donde el TEDH ha tumbado la doctrina.

En definitiva, creo que tenemos lo que nos merecemos. Hemos permitido y, en la mayoría de los casos, aplaudido la aparición de leyes que nos garantizaban toneladas de nuevos y fantásticos derechos, pero no reparamos en que a diferencia de los genuinos, que simplemente hay que respetarlos, aquéllos se basan en el establecimiento de cargas y obligaciones de unas personas sobre otras. No son, a la postre, más que mandatos coactivos que, al proliferar, no hacen sino acorralar nuestra libertad de elegir cómo llevar las relaciones entre los miembros de una sociedad. Aquí está lo triste de todo este asunto: hemos cedido nuestra libertad y a cambio hemos olvidado cómo castigar a un asesino ¡Un negocio redondo!